La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los impedimentos que enfrentan los migrantes venezolanos para ejercer su derecho al voto en las elecciones del 28 de julio.
Aunque la mayoría de estas personas están inscritas en el CNE, no podrán votar porque sus respectivos consulados y embajadas no procesaron los cambios de centro de votación que exige la ley cuando un ciudadano sale del país y quiere seguir ejerciendo su derecho al voto.
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«Estos obstáculos violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia. La Constitución de Venezuela establece que pueden ser electores todas las personas que hayan cumplido 18 años siempre que no estén inhabilitadas», señaló la CIDH.
En este sentido, indicó que hubo violaciones de la Constitución. «Los consulados venezolanos, siguiendo instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), están exigiendo una visa de residente, como única prueba válida para la inscripción en el Registro Electoral», añadió.
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«Esta exigencia desconoce que millones de personas venezolanas que residen en el exterior carecen de una visa de residente, ya sea por no haber regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación migratoria diferente, como el Permiso por Protección Temporal (en Colombia); el Permiso Temporal de Permanencia (en Perú); la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (en Ecuador), o la Residencia Temporal (en Chile)», denunció.
MILLONES DE MIGRANTES NO PODRÁN EJERCER SU DERECHO AL VOTO
Organizaciones de la sociedad civil estiman que alrededor de 5,5 millones de personas venezolanas que residen en el extranjero estarían habilitadas para votar. Esto implica que un número significativo de potenciales votantes en el extranjero podría ver afectado su derecho a la participación al no poder inscribirse en el Registro Electoral.
«Tanto el artículo 23 de la Convención Americana, como el artículo XX de la Declaración Americana y la Carta Democrática Interamericana señalan que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho, una responsabilidad y una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia», acotó.
«Por tal motivo, exigir a millones de personas en el extranjero que presenten una visa de residente para inscribirse en el Registro Electoral y, en consecuencia, estar en condiciones de emitir el voto, es arbitrario y afecta la integridad de la elección presidencial», insistió la CIDH.
La CIDH sostuvo que considerar inhabilitadas para votar a quienes no tienen visas de residencia representa una forma de criminalizar la migración.
«Es urgente que el Estado adopte las medidas necesarias para que las personas venezolanas que cumplan con los requisitos constitucionales puedan inscribirse en el Registro Electoral y votar en condiciones de igualdad con los demás nacionales. La CIDH reitera que un compromiso genuino con la democracia exige que el Estado restablezca de manera inmediata la separación e independencia de los poderes públicos», aseveró el organismo.
Lo cierto es que el CNE cerró el período para hacer cambios de residencias y salvo una medida especial, estos migrantes ya no tienen ninguna oportunidad para votar el próximo 28 de julio.
