El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana solicitó este jueves ante la Corte Internacional de Justicia un pronunciamiento que indique medidas provisionales tras el plan de Venezuela de celebrar elecciones en la región del Esequibo.
En el comunicado aseguran que el Esequibo «es parte integral del territorio nacional de Guyana, y Venezuela lo pretende anexar en violación de la Orden de la Corte del 1 de diciembre de 2023 y de normas fundamentales del derecho internacional».
«Guyana informó a la Corte que las elecciones venezolanas previstas están programadas para el 25 de mayo de 2025 y que inevitablemente estarían precedidas por actos preparatorios, incluidos actos dentro de la región del Esequibo de Guyana, que afectarían a la población guyanesa y a la soberanía de Guyana sobre su territorio. Por lo tanto, a fin de preservar sus derechos, Guyana solicita a la Corte que ordene a Venezuela abstenerse de cualquier acto dentro o que afecte su soberanía», indicó el gobierno de Guyana.
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Esta es la segunda vez que Guyana solicita medidas provisionales a la Corte. La primera solicitud resultó en la Orden de la Corte del 1 de diciembre de 2023: «Por unanimidad, en espera de una decisión final en el caso, Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa, en virtud de la cual la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa área».
En este sentido, consideraron que el plan de Venezuela de celebrar elecciones en el territorio en disputa viola flagrantemente esta orden.
«La presente solicitud busca la confirmación de esto por parte de la Corte, así como una directiva explícita de abstenerse de cualquier actividad electoral dentro o que afecte a este territorio o a su población, que consiste en nacionales guyaneses», afirmó.
El Ministerio de Exteriores solicitó además a la Corte que organice audiencias sobre su solicitud lo antes posible, para permitir que las medidas provisionales que indique la Corte se dicten antes de que se produzca lo que calificaron como «un perjuicio grave e irremediable a los derechos de Guyana».
