El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció hace varios días la iniciativa de enviar migrantes indocumentados a la temida prisión de Guantánamo.
Esta decisión, que se puso en marcha oficialmente este martes, 4 de febrero, busca ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar hasta 30.000 personas.
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Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, esta medida está dirigida a los «peores criminales ilegales extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense».
«El presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido muy claro: la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores. Eso empieza hoy», señaló a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Así la Casa Blanca ha confirmado que los primeros vuelos con migrantes indocumentados hacia Guantánamo ya están en marcha.
Estos vuelos incluyen a personas detenidas en territorio estadounidense y aquellas interceptadas en el mar, principalmente de origen cubano y haitiano. Aunque también se espera la llegada de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
President @realdonaldtrump has been very clear: Guantanamo Bay will hold the worst of the worst. That starts today. pic.twitter.com/Iqxt5rCfWa
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 4, 2025
La administración asegura que esta medida busca impedir que Estados Unidos «se convierta en un vertedero de criminales ilegales».
En este sentido, más de 150 militares han sido desplegados en la base para iniciar la expansión del Centro de Operaciones Migratorias.
Esta decisión ha generado una fuerte reacción, tanto a nivel nacional como internacional.
Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de apoyo a los migrantes han criticado duramente esta medida, argumentando que Guantánamo es conocida por sus condiciones de detención extremas y su historial de abusos.
Además, se ha señalado que esta acción podría violar los derechos fundamentales de los migrantes y aumentar la tensión en la región.
De hecho, la prisión de Guantánamo ha sido objeto de controversia desde su creación en 2002, cuando fue utilizada para detener a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre.
Aunque varios presidentes han intentado cerrar la instalación, la oposición política y las preocupaciones de seguridad han impedido su cierre.
