El Gobierno de Nicolás Maduro denunció este martes, 28 de febrero, «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas» por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Según el chavismo, estas ponen «en duda la debida imparcialidad y objetividad» de esta instancia. Vale recordar que en 2021 comenzó una investigación formal al país por presuntos crímenes de lesa humanidad, negados por el Ejecutivo.
El Gobierno presentó ante la corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI. Incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite. Así como los vínculos probados» de dicha instancia con ONG, que «han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto».
En el comunicado oficial se «desmienten todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».
#Urgente🔴 El Gobierno Bolivariano de Venezuela informa que presentó ante la CPI un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad. Lea aquí⬇️⬇️#NoAlColonialismoJurídico pic.twitter.com/MuuDal61Mm
— Alfred Nazareth (@luchaalmada) February 28, 2023
EL CASO DE VENEZUELA EN LA CPI
El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal en noviembre autorización para seguir adelante con la investigación, reseñó EFE.
Según el comunicado del Ejecutivo, el país «aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018. Esto como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos».
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SERÁ CAPRILES EL ABANDERADO DE PJ EN LAS PRIMARIAS A PESAR DE ESTAR INHABILITADO? ESTO RESPONDIÓ MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ
Como prueba de la «naturaleza política del proceso», el país señaló el caso de un ciudadano venezolano designado en 2019 por el Parlamento, entonces de mayoría opositora, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales, que fue «presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución'».
Sin embargo, «al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal». Así lo aseguró el Gobierno, que no especificó el nombre del ciudadano.
El Ejecutivo agregó que «seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación».
